Fundación Politécnico pretendía manejar millones sin rendir cuentas al IPN


El Instituto Politécnico Nacional (IPN) formalizó la creación de un nuevo organismo de apoyo, el Patronato Corazón Guinda y Blanco A.C., con la firma de un convenio general de colaboración encabezado por el director general Arturo Reyes Sandoval. Sin embargo, la firma de este acuerdo institucional parece marcar también el punto final de una relación tensa, opaca y plagada de señalamientos hacia la Fundación Politécnico A.C.

En medio de una serie de maniobras discrecionales al interior de la Fundación, el IPN habría optado por romper de facto su relación con la organización que, durante casi tres décadas, fungió como su principal brazo operativo y financiero.

Desde su creación en 1996, la Fundación fue el principal canal externo para gestionar recursos, donaciones y proyectos en beneficio del Instituto. No obstante, desde 2017, durante la administración de Enrique Fernández Fassnacht, comenzaron a acumularse señalamientos por desvío de recursos. En 2018, se denunció el mal uso de 25 millones de pesos públicos correspondientes al ejercicio 2017, sin comprobación clara de su destino.

Pese a estos hechos, ese mismo año, el entonces abogado general del IPN, José Juan Guzmán Camacho, retiró la demanda interpuesta contra la Fundación. Esta decisión, ejecutada sin justificación jurídica ni autorización del Consejo General Consultivo, derivó en una sanción por parte del Órgano Interno de Control en 2020, por abuso de funciones y violaciones a la normatividad interna.

Reformas internas al margen del Instituto

Todo parece indicar que el nuevo convenio con el Patronato Corazón Guinda y Blanco A.C. fue impulsado tras una serie de acciones poco transparentes por parte del actual Consejo Directivo de la Fundación Politécnico, que operó al margen de la dirección institucional.

En marzo de 2025, el Consejo convocó una sesión extraordinaria en la que se destituyó al entonces recién nombrado presidente de la Fundación, a tan solo un mes de haber asumido el cargo. En su lugar fue designado el Ing. Jorge Javier Jiménez Alcaraz, quien actualmente funge como presidente.

En esa misma sesión —celebrada el 25 de marzo de 2025— se aprobaron modificaciones a los estatutos que, en los hechos, rompen toda relación institucional con el IPN, eliminando cualquier posibilidad de supervisión académica o administrativa sobre el uso de los recursos públicos transferidos a la Fundación.

Recursos sin rendición de cuentas

Según datos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el IPN destina anualmente cerca de 400 millones de pesos para la operación de la Fundación. Con las reformas aprobadas, esta podría disponer de dichos recursos sin obligación de rendir cuentas ni a la comunidad politécnica ni a sus autoridades.

Colaboradores anónimos de la Fundación confirmaron que el objetivo deliberado de estos cambios fue blindar jurídicamente a la organización frente a futuras administraciones del Instituto, consolidando su autonomía operativa, pero dejando fuera toda instancia de vigilancia o control académico.

¿Un nuevo patronato como respuesta institucional?

Como consecuencia directa, el IPN procedió a firmar un Convenio General de Colaboración con el Patronato Corazón Guinda y Blanco A.C., una nueva figura presentada como aliada estratégica para proyectos prioritarios en docencia, infraestructura e investigación.

Durante el acto protocolario, el director general Arturo Reyes Sandoval subrayó que el nuevo patronato será “garantía de crecimiento”. La firma se llevó a cabo frente a titulares de escuelas y centros de investigación, en lo que representa simbólicamente la sustitución operativa de una Fundación con la que ya no parece existir ningún vínculo institucional vigente.

El dilema aún no resuelto

Pese a la evidente ruptura, la Fundación Politécnico A.C. podría continuar operando el resto de 2025 con recursos públicos y sin supervisión directa del IPN, en un esquema que —de facto— transfiere poder y presupuesto a una entidad privada sin mecanismos claros de transparencia.

Frente a este escenario, queda abierta la interrogante sobre las acciones jurídicas y administrativas que el Instituto tomará en defensa del interés público, especialmente considerando que estos movimientos de la Fundación podrían afectar directamente a planteles con convenios vigentes, así como a estudiantes y proyectos financiados bajo este esquema.

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